A pesar de que, desde hace ya varias décadas, se han venido sucediendo diversas iniciativas en materia de coordinación sociosanitaria, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, la construcción del espacio sociosanitario aún sigue siendo una cuestión sin resolver. No obstante, en los últimos años el interés por esta cuestión está en aumento, puesto que ha tomado fuerza la idea de que una atención sociosanitaria adecuada no solo es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades crónicas o en situación de dependencia, sino que también puede ayudar a superar los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta nuestro sistema de bienestar en tiempos de crisis.

 

Las propuestas para la construcción del espacio sociosanitario son variadas y difieren en la forma de avanzar para superar las situaciones de descoordinación existentes entre los servicios sociosanitarios y los servicios sociales. El abanico de propuestas es amplio, y abarca desde la creación de esquemas y estructuras que aseguren una mejor coordinación entre el sector sanitario y el social, hasta posturas que abogan por la integración de ambos sectores. Pero a pesar de estas diferencias, todos los planteamientos coinciden en subrayar el importante papel que está llamada a tener la iniciativa social en la consecución del objetivo de una atención integrada y de calidad a las situaciones de cronicidad y dependencia, que garantice la continuidad de los cuidados y mejore la calidad de vida de las personas.

 

La principal aportación que puede hacer la iniciativa social en la construcción del espacio sociosanitario tiene que ver, a mi juicio, con su capacidad para situar a la persona como objetivo de la acción, para  promover los valores de la solidaridad y la cohesión social y para establecer mecanismos de control del Estado y del mercado por parte de los ciudadanos. Y es que, la iniciativa social no debe limitarse a cubrir los huecos que la acción pública y el mercado no atienden o han abandonado, ni debe ser utilizada como un recurso para abaratar los costes de atención. Su papel debe ser de catalizador, de motor y tractor del cambio orientado al logro de una mayor calidad y calidez en la atención y la promoción de la autonomía personal y la vida independiente.

 

Con respecto a la atención sociosanitaria, esta no debe ser contemplada únicamente desde la perspectiva del gasto puesto que también es inversión social generadora de bienestar, empleo y riqueza. Por ello, es esencial que los cambios e innovaciones en la gestión de lo sociosanitario no tengan como único objetivo reducir el gasto, sino que traten de optimizarlo para producir mejores resultados. 

 

El impulso de un modelo renovado de atención sociosanitaria pasa por la dedicación de nuevos métodos para atender a la cronicidad, más y mejores recursos sociales para la atención a la dependencia y una mejor coordinación para el abordaje integral y eficiente de los cuidados de larga duración. Este nuevo modelo representa una doble oportunidad: por una parte, puede y debe contribuir a la optimización de los recursos públicos, privados y de la iniciativa social destinados a la atención de las personas con enfermedades crónicas o en situación de dependencia; por otra, puede y debe permitir avanzar hacia una atención más integral y eficaz, centrada en las personas y en sus necesidades, que no solo mejore la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias sino que, además, cree valor compartido para el conjunto de la sociedad. 

 

No debemos olvidar que los recortes y las políticas de austeridad pueden perjudicar la efectividad y la calidad de los servicios sociosanitarios, encareciendo los costes futuros de atención. No atender de forma adecuada las necesidades sociosanitarias de la población nos empobrece porque perdemos una oportunidad de crear empleo y riqueza y porque sobrecargamos otros dispositivos que son mucho más caros de mantener y que están destinados a otros objetivos asistenciales.

 

Si queremos avanzar en una atención de calidad, debemos lograr hacer más atractivo el ejercicio profesional en el sector, especialmente en lo relativo a retribuciones, jornada de trabajo, estabilidad en el empleo y condiciones en las que se prestan los servicios. La calidad de los servicios debe volver a ser el principal criterio de adjudicación de los contratos de colaboración público-privada.